“Las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas trans en México y el difícil acceso al derecho a la identidad.”

 

Alejandra Zabre, Responsable del Área de Defensa Integral.

 

En México y en el mundo, hoy 17 de mayo se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, con el objetivo de evidenciar que las personas homosexuales, bisexuales, trans e intersexuales siguen siendo víctimas de invisibilidad, acoso, tortura, detenciones arbitrarias, asesinatos impunes en todo el mundo.

 

En los últimos años, el incremento de las personas en movilidad humana pertenecientes a la comunidad LGBTI se ha hecho cada vez más notable debido a la violencia y persecución por identidad de género y orientación sexual en sus países de origen, dichas violencias les ha obligado a salir forzadamente buscando protección y mejores condiciones de vida.

 

México, históricamente ha sido un país de transito y retorno del flujo migratorio, pero con el paso de los años se ha convertido también en un país de origen y destino, sobre todo para nacionalidades centroamericanas, debido al marco normativo, aplicaciones de acciones de gobierno y políticas públicas progresistas en la protección de derechos humanos de la comunidad LGBTI. Dichas garantías han logrado que nuestro país se convierta en un espacio atrayente para las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas que buscan dicha protección.

 

Sin embargo, dichas acciones normativas, aún quedan rezagadas a las necesidades reales que tienen las personas, por ejemplo, acceder plenamente al derecho a la identidad, al libre desarrollo de personalidad y al de no discriminación.

 

Cabe resaltar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido la importancia de respetar, garantizar y proteger el derecho que tienen las personas a definir de manera autónoma su propia identidad sexual y de género, estas se hace efectivas garantizando que tales definiciones concuerden con los datos de identificación consignados en los distintos registros así como en los documentos de identidad.[1]

 

En este mismo sentido, desde el 2009 la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido lo siguiente: Eminentemente, la sexualidad es un elemento esencial de la persona humana y de su psique, forma parte de la esfera más íntima y personal de los seres humanos, siendo, por tanto, la autodeterminación sexual, trascendente en el reconocimiento de la dignidad humana y de su pleno desarrollo y, de ahí, la protección constitucional incluye la libre decisión de la sexualidad.

 

Luego, la identidad personal, que comprende la sexual, será a partir de la cual, la sociedad identifica a cada individuo y lo distingue de los demás, a través de elementos o datos, como el nombre, el sexo, la filiación, la edad, sus calidades personales, sus atributos intelectuales o físicos, etcétera, o bien, de la conjunción de todos o algunos de ellos.”[2]

 

A su vez, el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como con el 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, consagran el derecho a la igualdad y la prohibición contra todo tipo de discriminación. Es a la luz de lo anterior que se entiende que las autoridades deben ejercer sus facultades en la medida en la que se proteja a potenciales víctimas de discriminación o, en su defecto, evitando la exposición de éstas ante ambientes hostiles o, en su defecto,  discriminatorios.

 

Sin embargo, como se mencionaba anteriormente, a pesar que se cuenta claramente establecido el deber del Estado frente a los derechos señalados, no existen materialmente mecanismos que los hagan valer.

 

En México la comunidad trans migrantes, solicitantes de asilo o refugiadas cuentan con una sola identificación que dependiendo de su situación podría ser una tarjeta de residencia o de visitante emitida por el Instituto Nacional de Migración, una constancia de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, o bien una constancia de reconocimiento de la condición de refugiado, ambas emitidas por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, dichas instituciones emiten estos documentos con base en identificaciones emitidas por su país de origen, mismo que la mayoría de las veces no reconoce su identidad de género, lo cual se traduce en que los documentos de identidad que sean emitidos por autoridades mexicanas, tendrán nombre, sexo o genero erróneo.

 

Si bien, en la Ciudad de México, tramitar el cambio de identidad de género es un mero trámite, uno de los requisitos indispensables es ser de nacionalidad mexicana. Es así como las personas extranjeras quedan completamente fuera de dicho mecanismo y sin mayores opciones más que, probablemente, un juicio de amparo, el cual podría llevar años.

 

En aras de salvaguardar los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad de la comunidad LGBTI  y la no re victimización de estas, desde el Servicio Jesuita a Migrantes hemos sostenido dialogo y recursos judiciales ante el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para salvaguardar y respetar el derecho a la identidad, de igual forma realizamos un llamamiento al poder legislativo y las instituciones gubernamentales para la creación y regulación de dichos canales, los cuales acabarían con la invisibilidad de la comunidad y re dignificarían su existencia.

 

  • [1] Cfr. Corte IDH. Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. Obligaciones estatales en relación con el cambio de nombre, la identidad de género, y los derechos derivados de un vínculo entre parejas del mismo sexo. Opinión consultiva OC-24, párr. 105
  • [2] SCJN. Pleno, amparo directo 6/2008. Ministro ponente Ministro Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Sentencia emitida el seis de enero de dos mil nueve, página 90